La CEOE plantea que la prórroga presupuestaria se lleve al Constitucional por ser una "anomalía democrática" 405c60

Así lo indica el informe que el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la patronal, ha presentado este martes. En él se precisa: "No debería desestimarse la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en su caso, a través de un posible recurso a la normativa de prórroga presupuestaria en España, con el objetivo fundamental de crear un cuerpo jurídico que regule" las prórrogas presupuestarias en el futuro.

La prórroga presupuestaria debe ser "una práctica extraordinaria, no habitual", ha lamentado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE y vicepresidente de la CEOE. Para él, la actual situación de las cuentas, que ya llevan prorrogadas dos años (y sin que el Gobierno haya propuesto alternativa este 2025), supone una "anomalía democrática" que es "incompatible con la separación de poderes".

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Bajo el punto de vista del IEE, la intervención del Constitucional podría establecer criterios más estrictos sobre cuándo y cómo pueden prorrogarse los presupuestos. Podría llegar a determinar que, en casos de repetidas prórrogas sin justificación clara, se debe considerar la convocatoria de elecciones generales.

Este es el caso, comentan desde el ente, de países como Alemania y Francia, donde este mecanismo facilita que los gobiernos estén motivados a presentar proyectos presupuestarios.

En España, la normativa básica al respecto es "muy sucinta y sujeta a interpretaciones interesadas" en función de la posición relativa del Gobierno y de la oposición en cada momento.

Según el IEE, la ausencia de un nuevo presupuesto implica costes adicionales, retrasos en la ejecución de nuevas políticas públicas y una "inevitable distorsión e ineficiencia en la asignación de recursos".

Procedimientos excepcionales 6s4w61

"Esta situación obliga a una gestión fiscal reactiva y a la activación de procedimientos excepcionales, en lugar de una planificación integral, coordinada y estratégica de este instrumento de la política económica", han criticado desde el Instituto. Algo que resta transparencia a la gestión presupuestaria.

Cabe recordar que los presupuestos prorrogados son los de 2023, cuando el contexto económico y geopolítico era muy diferente.

Así, la no aprobación (o renovación) de los Presupuestos impide en la práctica que los mismos se adapten a la situación cíclica de la economía en cada momento e incorporen las reformas estructurales de medio y largo plazo.

Con todo, desde el IEE iten que la prórroga, en principio, podría ser compatible con el objetivo de reducción del déficit público, que podría terminar en 2025 en el 2,8% del PIB. Todo ello gracias al crecimiento económico. Sin embargo, no se contribuiría a su corrección estructural.

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En cambio, el gasto público sí que subirá. De hecho, este año el componente que más aporta al aumento del gasto corriente (respecto a 2023) es el aumento en las prestaciones sociales en efectivo, muy condicionado por la evolución alcista de la partida de pensiones.

Le sigue un aumento significativo del consumo público (que se elevó sobre todo en 2024), que se situaría en torno a los 13.000 millones de euros, empujado fundamentalmente por el impulso de la remuneración de los asalariados y de los consumos intermedios.

Otra de las rúbricas sobre las que se está produciendo un mayor dinamismo en el gasto es la correspondiente al servicio de la deuda pública. Se estima que el gasto en intereses aumente en 2.700 millones de euros, componente que es previsible pueda mantener una tendencia creciente en los próximos ejercicios.

Asimismo, España ha asumido el compromiso de aumentar su gasto en defensa hasta el 2% del PIB, en línea con los acuerdos de la OTAN. Para alcanzar este objetivo, el Gobierno prevé un incremento de 10.500 millones de euros en 2025, que se financiaría sin subir impuestos ni aumentar la deuda pública.

En su lugar, se utilizarían créditos no ejecutados y fondos comprometidos, pero no utilizados del ejercicio anterior. Sin embargo, el IEE ha advertido de que este esfuerzo se produce en un contexto de escaso margen fiscal y creciente presión presupuestaria, lo que plantea dudas sobre su impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo.