Félix Bolaños y Pilar Alegria este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 6528t
Las principales asociaciones de jueces y fiscales creen "un serio retroceso del Estado de Derecho" la reforma de Bolaños 4w3z16
Afirman que introduce "criterios partidistas" y que el cambio en el a la Judicatura y la Fiscalía no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad. 2q6d6w
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La reforma que cambia el a las carreras judicial y fiscal, la elección de las Salas de Gobierno o la composición de la Comisión de Ética Judicial "supone un serio retroceso en Estado de Derecho", afirman cinco organizaciones de jueces y fiscales. Entre ellas se encuentran las dos mayoritarias en ambos colectivos, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.
El proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, presentada por su promotor, el ministro Félix Bolaños, en el marco de la "mayor transformación de la Justicia en décadas", cuenta con el rechazo radical de las asociaciones de jueces y fiscales, hasta el punto de que este miércoles han anunciado que "adoptaremos, si fuera necesario y dentro de nuestro ámbito de actuación, las medidas que resulten precisas para salvaguardar los valores constitucionales".
La reforma de Bolaños los amenaza, afirman. "Al propiciar un arbitrario a la Judicatura, restringir la participación democrática en nuestros órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas, se pone en riesgo la independencia judicial", sostienen las asociaciones en un comunicado conjunto. Solo Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no han querido suscribirlo.
"Esta deriva", dice el comunicado, "compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales".
Para la APM, la AF, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, diseña un sistema de a las carreras judicial y fiscal que "no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Por lo que se refiere a la oposición libre, sostienen que la eliminación de un examen oral para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio "podría haberse incluido sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento" y "tal y como parece regulado, supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales".
En lo que afecta al cuarto turno ( a la Judicatura de juristas por concurso-oposición), el reconocimiento en todo caso de una 'antigüedad ficticia' de cinco años desde el ingreso "perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre", mucho más exigente.
Ingreso de jueces y fiscales sustitutos 1i1v3s
Las asociaciones de jueces y fiscales rechazan el 'proceso extraordinario de estabilización' de jueces y fiscales sustitutos. "Es contrario a nuestros principios constitucionales y, contrariamente a lo que se dice, no es lo que nos pide Europa", afirma el comunicado.
A su parecer, la convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico seguido de una fase de méritos, "no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales".
"Este sistema otorga directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre. Se consagra así una vía de extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor que, por si ello no fuera suficiente, además abre la puerta a futuras convocatorias similares", manifiestan.
Ese excepcional a la carrera judicial y fiscal al margen del sistema ordinario "no solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el a la función pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española".
También aprecian un "retroceso democrático" en la elección de las Salas del Gobierno de los tribunales, el único órgano colegiado que, junto con la Comisión de Ética Judicial, puede ser elegido de forma directa por los jueces.
La imposición de candidaturas individuales a las Salas de Gobierno y la restricción del derecho de sufragio (cada elector podrá votar a un solo candidato) "limita injustificadamente la representación proporcional de la carrera judicial".
Ese recorte "contrasta con los estándares europeos, que reclaman una mayor intervención de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno", añaden.
Politización de la Comisión de Ética Judicial 1a1o54
El proyecto de ley también toca la Comisión de Ética Judicial. Integrada en la actualidad por seis jueces y magistrados elegidos por la carrera y por una persona de reconocido prestigio en el mundo académico de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral seleccionada por el Consejo General del Poder Judicial, la reforma baja a cinco el número de jueces e introduce a cuatro catedráticos.
Estos últimos serán elegidos por el Congreso y el Senado por mayor número de votos, lo que significa introducir la elección política en un órgano hasta ahora ajeno a ese parámetro.
El comunicado de las asociaciones estima que esa reforma "compromete la independencia de la Comisión de Ética Judicial y convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas".
Su "configuración politizada amenaza la credibilidad de sus dictámenes y menoscaba la función ética que debe ejercer dentro del Poder Judicial", agregan.
Consideran, asimismo, que la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, que, además, tendrá las competencias en materia de becas, "conlleva un evidente riesgo de control ideológico del a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo, inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes".
Las asociaciones sí aplauden la consolidación legal de un sistema de becas que facilite el a la carrera judicial y fiscal a aquellas personas que carezcan de recursos. También valoran positivamente que se haya suprimido el traslado forzoso de destino que el anteproyecto imponía a los jueces tras su ascenso automático a la categoría de magistrados.
