El exconsejero Alfredo Prada, a su llegada a un juicio en la Audiencia Nacional, en marzo de 2024. Europa Press t664m
Rebaja de 30 millones en la responsabilidad civil por el Campus de la Justicia, pero Prada sigue condenado a 7 años 1q3j10
El exconsejero de Justicia, del PP, fue condenado por prevaricación y malversación agravada. Su pena de cárcel, de siete años, no varía. o2w2y
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La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la pena de siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por el caso Campus de la Justicia.
Prada fue condenado por un delito continuado de prevaricación istrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por las irregularidades en la construcción de esta infraestructura, entre los años 2005 y 2011.
En su sentencia, de 117 páginas, la Sala de Apelación mantiene la condena impuesta al exdirigente el pasado mes de septiembre por la Sección Primera de la Sala de lo Penal. Pero rebaja, de 40 a 10 millones de euros, la responsabilidad civil que deberán pagar a la Comunidad de Madrid, de forma conjunta y solidaria, el exconsejero y otros acusados.
Esta modificación se debe a que los magistrados de la Sala de Apelación entienden que, de los 25 contratos del Campus de la Justicia por los que Prada fue condenado en primera instancia, no todos pueden considerarse irregulares.
¿Por qué? Porque la mitad de ellos han reportado alguna utilidad a la istración y podrían servir, ahora o en el futuro, a la continuidad del proyecto del Campus de la Justicia, que concentraría las principales sedes judiciales de la región. Por ejemplo, el edificio del Instituto de Medicina Legal, está actualmente en uso.
Respecto al resto de acusados, la Sala de Apelación confirma la pena de tres años y seis meses de cárcel para el director financiero del Campus de la Justicia, Alicio de las Heras, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que absuelve de este último tipo penal al director general técnico Isabelino Baños y al director de Seguridad Andrés Gómez Gordo. A todos los anteriores les mantiene la condena de inhabilitación por el delito de prevaricación istrativa.
En el caso del acusado Félix José García de Castro, asesor jurídico del proyecto, se le rebaja la condena inicial de tres años y seis meses de prisión a la de un año y medio, por el mismo delito continuado de prevaricación istrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. A Mariano José Sanz Piñar se le confirma su absolución.
Esta sentencia, de 117 folios, analiza los 25 contratos del proyecto del Campus de la Justicia que la Sección Primera consideró constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
Fachada de la Audiencia Nacional.
La Sala de Apelación entiende que todos ellos son constitutivos de prevaricación por cuanto se adjudicaron de forma arbitraria sin cumplir con los requisitos legales. Respecto a la malversación, defiende que se cometió este delito en la mitad de los contratos. En concreto, en 13, los que se alejaron del fin social del proyecto y sirvieron para el autobombo, esto es, para publicidad y comunicación, en vez a proyección y edificación pública.
Entre dichos contratos se encuentran las distintas campañas de publicidad que se pusieron en marcha, con un coste de más de cinco millones de euros, el alquiler de una lona publicitaria en una fachada del centro de Madrid, la cobertura fotográfica o la creación de una revista digital. Todo ello, por una suma total de 10.298.034,30 euros. Esta cifra, calcula la Sala, supone únicamente un 25% de los más de 40 millones que sumaba todo el proyecto dedicado al Campus de la Justicia. Por ello, el tribunal rebaja la responsabilidad civil en unos 30 millones de euros.
