El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en una imagen reciente.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en una imagen reciente. Europa Press 6c3651

Política

El PP exige a Pumpido que se abstenga en el pleno del TC que resolverá la constitucionalidad de la ley de amnistía 5s1815

La formación de Feijóo presentará este lunes un escrito reclamando que el TC aplique “el mismo criterio que se usado para apartar al magistrado Macías. 2746c

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El Partido Popular exige al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que se abstenga en el pleno que resolverá el recurso de inconstitucionalidad presentado por esta formación contra la ley de amnistía.

Según fuentes oficiales del PP, la formación de Alberto Núñez Feijóo presentará este lunes un escrito reclamando que el TC aplique “el mismo criterio que se ha utilizado para apartar al magistrado Macías: haber participado en la emisión de un informe sobre la ley de amnistía como vocal del CGPJ”.

Dado que con los argumentos empleados en la recusación del magistrado Macías se ha alterado la doctrina del propio tribunal de garantías, según el PP, “este cambio de interpretación debe extender sus efectos al resto de los del propio tribunal, comenzando por el propio presidente del Constitucional”.

En este sentido, el PP alega en el escrito que presentará este lunes que “la participación de la esposa de Conde-Pumpido en la emisión de un informe del CGPJ”, del que también formaba parte, sobre la citada ley orgánica “constituiría igualmente una indiscutible causa de abstención o recusación”.

El Partido Popular considera “inaceptable que Conde-Pumpido aplique a otros magistrados causas de abstención o recusación que no se aplica a sí mismo”.

Y denuncia que, “de no abstenerse, pondrá de manifiesto que realiza una interpretación selectiva y 'ad personam' de la Ley”, lo que reflejaría una “manipulación insostenible” de la composición del Tribunal, infringiendo los más elementales estándares exigibles en un Estado de derecho.

El PP recuerda que la amnistía, al igual que la consideración del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, son dos de los asuntos sobre los que Pedro Sánchez cimentó su investidura y en ambos casos es la puesta de nuestras leyes y el dinero de los españoles al servicio de las pretensiones políticas y personales del presidente del Gobierno.

Tal como informó en primicia EL ESPAÑOL, el Tribunal Constitucional tiene previsto iniciar el estudio de la ley de amnistía a los implicados en el procés el próximo 10 de junio, con el objetivo de contar con una sentencia aprobada para el día 26 del mismo mes.

La ponencia estará a cargo de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, después de que se apartara del asunto al magistrado conservador Ricardo Enríquez por haber votado en contra de la isión a trámite del recurso del PP.

El caso que se analizará en primer lugar será precisamente el del principal partido de la oposición, cuya impugnación es considerada la más extensa y exhaustiva de las que han sido presentadas.

El Partido Popular ha solicitado al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que paralice el debate y fallo sobre su recurso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si la ley de amnistía se adecua o no al Derecho comunitario.

El partido ha enviado un escrito formal al TC en el que pide que se suspenda la tramitación de su impugnación, a la espera de que se resuelvan las cuestiones prejudiciales que varios jueces españoles han planteado al TJUE en relación con esta norma.

El PP considera que “la interposición de diversas cuestiones prejudiciales ante el TJUE por órganos judiciales españoles […] justifica la necesidad de esperar” antes de emitir una resolución. Los populares sostienen que el TC no puede “sustraerse a los efectos vinculantes del Derecho de la Unión” y que un pronunciamiento anticipado podría vulnerar la primacía del derecho europeo.

Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo exige que se le remita tanto el escrito en el que Conde-Pumpido desestimó esta misma solicitud hace una semana como las preguntas enviadas por el tribunal a la Corte de Luxemburgo, al considerar que no haberles sido notificadas vulnera su derecho de defensa.

Conde-Pumpido rechazó en una primera ocasión la pretensión del PP y argumentó que la función del TC es controlar la adecuación de las leyes a la Constitución, no al Derecho europeo.

En consecuencia, decidió continuar con el calendario previsto y encargó la ponencia a Montalbán, con la intención de que el pleno pueda deliberar desde el 10 de junio y concluir con una sentencia a finales de ese mes.

Aun así, el presidente del TC dejó abierta la posibilidad de que los magistrados decidan reconsiderar la conveniencia de esperar a Luxemburgo cuando comience formalmente el debate.

Todo esto sucede en una semana especialmente sensible en la política española, marcada por la votación en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán como lengua comunitaria.

El PP ha enmarcado el conflicto sobre la amnistía en un clima de cuestionamiento institucional, señalando que la combinación de concesiones al independentismo, los escándalos judiciales y los intereses partidistas del Gobierno están socavando el Estado de derecho y la posición internacional de España.

Fuentes del PP insisten en que la amnistía es una manifestación más de la “corrupción política” que, según ellos, envuelve al presidente del Gobierno.

A esto suman la “corrupción económica” en la que, afirman, podrían estar implicadas figuras clave del PSOE, como Santos Cerdán, cuya vinculación con presuntos cobros ilegales es investigada por la UCO.

En palabras de un dirigente popular, “España es esta semana un país pendiente de la amnistía, de la corrupción y de saber si el catalán y el español o el francés son lo mismo en la Unión Europea”.