La exconsejera Salomé Pradas, a su llegada al Juzgado el pasado 11 de abril. Rober Solsona / Europa Press 2p4h35
Salomé Pradas contraataca: pide que declaren ingenieros para quienes la catástrofe del Poyo la causó la falta de obras 54586h
La exconsejera propone a la juez que testifiquen como peritos el ingeniero Teodoro Velázquez y el arquitecto Julio Gómez-Perretta, que aseguraron en el Senado que las obras estructurales no realizadas "hubieran salvado vidas". 736e6r
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La defensa de la exconsejera de Interior Salomé Pradas, investigada por su presunta responsabilidad en las consecuencias de la dana del pasado 29 de octubre, que produjo 227 fallecidos y una desaparecida, ha solicitado a la juez instructora que cite a declarar como testigos-peritos al ingeniero de caminos Teodoro Velázquez y al arquitecto Julio Gómez-Perretta.
Se trata de dos declaraciones relevantes para la línea de defensa de la exconsejera, que sostiene que la causa principal de lo sucedido fue la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo. La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, solo se ha centrado hasta ahora en la alerta a la población emitida por la Consejería de Interior, "notablemente tardía" y "errada en su contenido", afirma.
Tanto Velázquez como Gómez-Perretta han comparecido como expertos en la comisión de investigación de la Dana que se ha constituido en el Senado.
Velázquez, que ha trabajado durante 40 años en construcción y gestión de obras públicas principalmente en Levante y, en particular, en la cuenca del Júcar, manifestó el pasado 31 de marzo en la Cámara Alta que el Bajo Turia es una zona de riesgo extremo de inundación, según el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación aprobado en 2016.
En ese plan estaban previstas 23 medidas estructurales (encauzamiento y laminación de avenidas por presas) "y no se ha ejecutado ninguna".
Las medidas estructurales son de interés general del Estado, por lo que la competencia para desarrollarlas corresponde a la istración General del Estado a través del Ministerio de Transición Ecológica, bien con sus medios desde la Dirección General de Aguas o a través de las Confederaciones Hidrográficas.
"La responsabilidad máxima de las obras es del Ministerio de Transición Ecológica"
La "causa principal" de los daños personales y materiales causados por la dana "es la no ejecución de las obras previstas como medidas estructurales", afirmó el ingeniero, que apuntó en este sentido a la "responsabilidad máxima" del Ministerio que dirigía la ahora vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.
Añadió que "la política de infraestructuras verdes frente a inundaciones, que viene recogida en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar, me parece imprudente clarísimamente, porque dice que son las únicas medidas que se van a hacer" y "en una zona de riesgo extremo solo pueden disminuir ese riesgo las obras hidráulicas de encauzamiento y presas. No llevamos hecha una presa en todo el siglo XXI", resaltó.
Para Velázquez, si el caudal de la zona inundable se hubiese repartido en tres laminaciones (reducción de las variaciones de caudal de un río, especialmente durante las avenidas, mediante la regulación de los embalses), en vez de haber habido "tres, cuatro o cinco metros" de agua, se hubiesen registrado "80, 50 centímetros".
"Si se hubieran hecho esas obras se hubieran salvado vidas y habría habido menos daños", dijo el ingeniero.
Por su parte, Gómez-Perretta, hijo del autor del Plan Sur de Valencia (trazado del nuevo cauce del río Turia), manifestó en el Senado el 25 de marzo que con las obras estructurales para conectar los barrancos de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce del río Turia "no se hubiera podido acometer" la enorme masa de agua registrada durante la Dana del 29 de octubre pero "no hubiera habido la catástrofe que ha habido". Esas obras deberían haberse empezado a realizar a partir de 2016.
La dana "nos hubiera mojado las rodillas, pero yo entiendo que no hubiera habido la catástrofe que ha habido", manifestó.
A su juicio, si se desea que las personas sigan viviendo en el Bajo Turia, "las actuaciones blandas no bastan", sino que "es necesario hacer obras estructurales importantes" porque son "esenciales" para garantizar la seguridad y la vida, "sobre todo en zonas de riesgo máximo".
Gómez-Perretta manifestó que la dana del 29 de octubre fue "un nivel de emergencias tres de libro" y el Gobierno central "debería haber tomado el mando desde el minuto uno".
En el mismo escrito, la defensa de Pradas ha solicitado las declaraciones de Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, y de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez. La exonsejera estuvo con ella el mismo 29 de octubre.
También ha propuesto que declaren como testigos Silvia Soria y Marco Presa, que eran jefe de gabinente y asesor de Pradas cuando ocurrió la dana.
