El Presupuesto andaluz de 2026, el último año de la legislatura, ya tiene cifra: rondará los 50.000 millones de euros y se centrarán fundamentalmente en las familias y el empleo.
Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
En estas cuentas, la sanidad, la educación y la dependencia seguirán siendo "el principal objetivo de gasto", sin olvidar las políticas empresariales y de creación de empleo. Unas cuentas que no tienen por qué afectar el hecho de que sean unas cuentas en un año electoral.
"Por lo tanto, cumplimos con lo que dijimos y cumplimos, que es casi más importante, cumplimos con la ley y con la obligación de llevar un presupuesto al Parlamento; no todos los Gobiernos pueden decir lo mismo", ha señalado la consejera.
No obstante, ha insistido en la reforma de la financiación y ha cifrado en 1.200 millones la deuda del Estado por las entregas a cuenta. Todo ello porque, ha insistido, Andalucía deja de recibir 1.522 millones de euros un cálculo que se ha realizado conforme a las cuentas de 2022.
Esto significa, según fuentes del Gobierno andaluz, que la comunidad autónoma debería recibir este 2026 un total de 1.800 millones de euros más del Estado con cargo al modelo de financiación.
Por tanto, considera que es el Gobierno central el que tiene que promover una solución aprobando "un decreto específico para actualizar las entregas a cuenta y para no asfixiar a las comunidades autónomas".
Sin embargo, en la Junta no son optimistas con que el asunto de la financiación se vaya a abordar en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona. En cualquier caso, sí pretenderán que se trate este asunto, la sanidad y el "caos ferroviario" en una reunión preparatoria fechada para el 28 de mayo.
El Gobierno, por su parte, ha planteado que en dicha reunión se prioricen cuestiones como la vivienda y la formación profesional y universitaria. Aunque el Gobierno de España "no tiene potestad para imponer el orden del día".