La fontanera de Cerdán colaboró en el plan de Montero para rehabilitar al expresidente de Sepi tras ser imputado 41525t

El ya expresidente se vio forzado a dimitir en octubre de 2019, dieciséis meses después de ser nombrado. ¿El motivo? Su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar.

A partir de ahí se abre un período de año y medio con la presidencia vacante, que ocupó de forma interina el vicepresidente Bartolomé Lora.

La fontanera de Santos Cerdán se reunió con Ábalos y Koldo para coordinar sus estrategias contra la UCO

El pretexto oficial para mantener un vacío tan prolongado era la búsqueda de la "persona adecuada". Sin embargo, el objetivo final era esperar a que Fernández Guerrero fuera desimputado en la causa penal y volviera a su puesto.

En ese lapso de tiempo, Leire Díez maniobró para intentar su rehabilitación pública y profesional. Pero también para que se forzara el archivo de la causa o la nulidad de la misma.

Se da la circunstancia de que Fernández Guerrero era uno de los hombres de confianza de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fue nombrado tres semanas después de la moción de censura a Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Montero y Fernández Guerrero mantenían una estrecha relación desde que ambos estuvieron en la Junta de Andalucía.

La primera era consejera de Hacienda, y el segundo fue interventor general de la Junta entre 2016 y 2018.

Dadas las circunstancias, Leire Díez abogaba por "presionar" para conseguir el archivo de la causa o, al menos, la desimputación del protegido de María Jesús Montero.

No dudó en hablar con periodistas y medios de comunicación para lograr una corriente de opinión favorable al cierre del caso. Un trabajo que hacía mientras era la directora de comunicación de la sociedad pública Enusa, participada por la Sepi.

Para lograr su objetivo, la fontanera de Ferraz preparó un completo argumentario contra Emerita Resources.

Esta compañía era la que había judicializado el proceso de Aznalcóllar al verse perjudicada en la venta de la mina al consorcio Minorbis - Grupo México.

Incluso, llegó a elaborar una pseudo nota de prensa titulada: "Las puertas giratorias de Emerita Resources".

En ella se recordaba cómo en 2014 la empresa minera había contratado a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente Felipe González.

Díez continuaba relatando cómo "años después, Emerita Resources reproduce el mismo modus operandi buscando una posición de privilegio en Andalucía".

Para ello, aseguraba en su argumentario, que la minera había contratado a "Alberto García Valera, ex consejero de Hacienda e Industria" de Juanma Moreno.

Se da la circunstancia de que García Valera dio el salto a E&Y desde la Junta de Andalucía. Fue a esa empresa a la que Emerita Resources contrató para que les asesorase "ante la Junta de Andalucía para conseguir los permisos" de investigación minera en la zona de Paymogo, en Huelva.

Imagen del documento elaborado por Leire Díez en defensa del protegido de Montero en la Sepi. E.E.

Permisos que, según explicaba la fontanera de Santos Cerdán en su nota, logró en septiembre de 2020, "lo que significa que García Valera fue el máximo responsable de la consejería encargada de gestionarlos".

La fontanera de Cerdán no sólo arremetía contra Emerita Resources. También lo hacía contra la instrucción del caso, ya que sobre él existía una petición de archivo suscrita "rotundamente" por la Fiscalía.

Señalaba, además, que "la terminación del caso Aznalcóllar no se demorará mucho". Una afirmación bastante alejada de la realidad.

19 años de cárcel 602f1d

A día de hoy el juicio de la mina de Aznalcóllar sigue su curso con dieciséis imputados en la misma, entre ellos el hombre de confianza de María Jesús Montero al que quería en la Sepi.

Vicente Fernández Guerrero se enfrenta a una petición de 19 años de cárcel, junto a una inhabilitación de 60 años y una multa de dos millones de euros.

La intervención de Leire Díez en este caso demuestra que sus labores de fontanería para Santos Cerdán y el PSOE se remontan a la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL este miércoles, la fontanera de Cerdán ofreció a varios medios un vídeo sexual del fiscal anticorrupción, José Grinda, al que ataca el Partido Socialista.

Leire Díez propuso a este diario que publicara unas imágenes íntimas con el objetivo de desprestigiar a uno de los fiscales que más ha trabajado con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

La colaboradora de Cerdán está en el foco por los audios publicados por varios medios de comunicación en los últimos días, en los que busca información para atacar al teniente coronel Antonio Balas o al capitán Juan Vicente Bonilla.

A cambio de las informaciones que solicitaba, ofrecía beneficios judiciales para empresarios encausados; o ascensos a los agentes de la Guardia Civil con los que se entrevistaba.

Lo hacía siempre dando la seguridad de que tenía a altos del Gobierno o de las instituciones para así cumplir lo prometido.

Este periódico también desveló que la emisaria de Santos Cerdán se reunió el pasado mes de febrero con José Luis Ábalos y Koldo García para coordinar sus estrategias contra la UCO.