El borrador de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura dado a conocer este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y que plantea una reducción de los envíos de agua de cerca del 50 % de manera paulatina en 2027, han despertado numerosas críticas en Levante. Mientras en la Región de Murcia su presidente, Fernando López Miras, se plantea recurrir el documento a los tribunales, el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha pedido a los partidos que paren lo que consideran una "locura".
López Miras, que este martes ha acudido a la segunda jornada de congreso que el Partido Popular Europeo está celebrando en Valencia, ha descrito la futura normativa como una "sentencia de muerte" que convertiría en "inviable" la actividad agrícola en la comunidad que preside dentro de dos años.
Del mismo modo, ha criticado que la reducción paulatina de envíos hasta 2027 que recoge, obedece a "una decisión política" que "no está basada en criterios técnicos", motivo por el que se plantea recurrir a la vía judicial si finalmente el Real Decreto viera la luz.
Una lectura totalmente opuesta a la que hacía este miércoles la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, quien ha defendido que el Gobierno castellano-manchego fue "el único que presentó un documento técnico" durante el plazo de alegaciones.
Además, cabe recordar que estas nuevas reglas de explotación responden al Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 aprobado por el Gobierno que da cabida a las cinco sentencias emitidas por el Tribunal Supremo para que se cumplan los caudales ecológicos del río.
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Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) su presidente, Lucas Jiménez, ha asegurado que convocarán a las istraciones de Murcia, Almería y Alicante, a políticos de todos los signos de las tres provincias y a las organizaciones agrarias y empresariales para "intentar parar esta locura de restricción sin ofrecer nada a cambio”.
“Todos estamos conectados y un apagón en una parte de la economía tendrá efectos en todos los sectores”, ha advertido en una rueda de prensa donde ha lamentado que este recorte se haya anunciado en un momento en el que las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía presentan cifras históricas que permitirán un megatrasvase de 180 hectómetros cúbicos en los meses de abril, mayo y junio.
Ante esta cesión de agua, equivalente al gasto de toda Castilla-La Mancha en dos años, según denunciaban los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, Jiménez interpreta que el Gobierno central se ha visto obligado a ofrecer una compensación al Gobierno de Emiliano García Page, al que ha tachado de “vocinglero” y ha acusado de estar “desaforado en su ataque, que casi roza lo personal”, al SCRATS.
No obstante, más allá de los recortes, el responsable del sindicato ha expresado que "lo más indignante" es que desde el Miteco no ofrezcan una alternativa más allá de la desalación.
"Es como una película Lina Morgan en los años 60 y el timo de la estampita: ese billete falso hoy se llama desalación. La desalación que existe no cubre el golpe al regadío murciano”, ha insistido.
Por último, también se ha referido al informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que fija estos nuevos criterios en las cesiones de agua. Pese a no cuestionar el trabajo de los técnicos, sí ha considerado que el organismo "recibió de la anterior ministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, unas directrices claras para que las reglas no tocaran el trasvase en lo relativo al consumo humano, sino solo al regadío, y para que mantuvieran en niveles máximos los embalses de cabecera, como así ha ocurrido".