La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha tiene en la cifra de representantes de la Cámara regional uno de sus principales escollos. Las diferentes propuestas planteadas tienen como denominador común el deseo de aumentar el tamaño del hemiciclo más allá de los 33 diputados actuales. El argumento que suele esgrimirse es que más electos mejorarían la representatividad, al tiempo que se recuerdan los 49 que conformaron las Cortes hasta la reforma que impulsó la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal, en el verano de 2014.
Cada diputado castellanomanchego representa a unos 65.000 vecinos, aunque la comunidad autónoma incluye cinco circunscripciones diferentes, tantas como provincias, que ofrecerían un reparto diferente en cada una de ellas. La ratio entre población y escaño sitúa a la comunidad autónoma como una de las infrarrepresentadas si se compara su resultado con el de otros territorios. La Rioja es la región con un censo más pequeño del país, unos 327.000 residentes. Cada uno de los 33 de su Parlamento, el mismo número que Castilla-La Mancha, encarna a unos 10.000 habitantes. En el lado contrario queda Andalucía: la región meridional, la más poblada de España (con más de 8,6 millones de moradores), reúne a 109 delegados, uno por cada 80.000 empadronados.
La población total de la región en 2024 era de 2,1 millones de personas el pasado año. Se trata de un censo similar al de Castilla y León (casi 2,4 millones), Canarias y País Vasco (algo más de 2,2 millones en ambos casos). Sin embargo, los respectivos órganos legislativos de estas tres regiones cuentan con una presencia de políticos mucho más nutrida. La colindante Castilla y León disfruta de 81 procuradores, las islas atlánticas tienen 70 diputados y el Parlamento vasco se estira hasta los 75 .
El conjunto de las cámaras regionales españolas, incluidas las 17 autonómicas más Ceuta y Melilla, permanecen ocupadas por 1.261 . La relación entre escaño por población se sitúa en torno a las 39.000 personas. Si se aplicara este resultado al padrón de Castilla-La Mancha, los asientos del antiguo convento de San Gil deberían ampliarse hasta los 55 diputados. Tal guarismo coincide con el reciente ofrecimiento del grupo socialista, mayoritario y sostén del Gobierno regional, al PP, principal fuerza de la oposición.
Las Cortes de Aragón y Extremadura, donde hay 67 y 65 diputados para poblaciones de 1,3 y 1 millón, respectivamente, ofrecen dos casos llamativos. En ambos espacios cabe reseñar la dispersión poblacional, una circunstancia inaplicable para la poco extensa y no muy nutrida Cantabria. El Parlamento de esta comunidad uniprovincial tiene 35 diputados, un par más que Castilla-La Mancha; sin embargo, su vecindario roza los 600.000 habitantes, menos de la tercera parte.
Si no media reforma estatutaria, la norma institucional de Castilla-La Mancha sólo permitiría elevar en dos el número de diputados, hasta los 35. En todo caso, tal cambio requeriría de una modificación de la ley electoral de la región.
Mayor representatividad 1dk46
La distribución actual concede nueve diputados a la provincia de Toledo, siete a Albacete y Ciudad Real, y cinco a Cuenca y Guadalajara. Los números impares generan un efecto mayoritario que premia al más votado en cada circunscripción frente al resto de opciones en liza. Además, el corto número de representantes impide la entrada de formaciones con un porcentaje bajo. Una lista con un 8% del voto tendría muy difícil la entrada en las Cortes de Castilla-La Mancha en las provincias más pequeñas.
Un estudio publicado por Francisco Ruiz, catedrático de la UCLM, recuerda que "incluso duplicando su tamaño las Cortes de Castilla-La Mancha seguirían estando por debajo del promedio de las demás comunidades autónomas". Este escenario situaría en un mínimo de 66 los parlamentarios necesarios. El autor de Hacia un tamaño adecuado de las Cortes de Castilla-La Mancha propone atender las características "demográficas, sociales y políticas" de la región a partir del modelo de la similar Castilla y León. Este criterio brindaría un número fijo de representantes por provincia y distribuiría el resto según la población de cada una de ellas. De esta manera, el número de escaños por circunscripción alcanzaría con facilidad los ocho o diez, un rango por el que cualquier territorio pasa a tener una buena representatividad.
El hemiciclo por venir, y al que aguarda el edificio del Quixote Crea, contará, previsiblemente, con un número de escaños más elevado. El crecimiento del censo regional (hay medio millón de personas más que en 1983), la necesidad de mejorar la representatividad de las diferentes opciones políticas y la atención al reto de la despoblación y el envejecimiento en algunas comarcas se intuyen como las razones más poderosas para elevar la cifra de diputados. Más allá del reparto provincial, se antoja deseable una Cámara con número impar que impida la posibilidad del empate entre bloques ideológicos.
El incremento del gasto público se vislumbra como el argumento más poderoso para mantener el estatus.